Archivos definitivos y un caso de COVID-19 acapararon esta semana el juicio de Odebrecht.
El contagio de COVID-19 de un abogado de la defensa y el archivo definitivo de los expedientes de ocho imputados acapararon esta semana el juicio de fondo por los sobornos pagados por la empresa Odebrecht en el país.
La audiencia celebrada el pasado lunes se centró en los archivos definitivos, cuya alegada irregularidad es investigada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige Wilson Camacho. Los autos dieron pie a que los abogados de los seis imputados que siguen en el caso pidieran un plazo para estudiarlos, argumentando que pueden contener elementos que les sean favorables a sus representados.
Las juezas que conforman el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazaron el plazo solicitado por los abogados defensores de Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Ángel Rondón, Roberto Rodríguez, Conrado Pittaluga y Tommy Galán. Pospusieron el juicio para el jueves 8 de octubre para dar la oportunidad a que Díaz Rúa acudiera a una cita médica de seguimiento tras haber padecido de COVID-19.
La enfermedad también fue motivo para el aplazamiento de la audiencia de ese jueves. Próximo a las 9:30 de la mañana, el tribunal anunció la posposición del juicio para el 20 de octubre debido a que uno de los abogados de la defensa de Bautista dio positivo al COVID-19 y solicitaron un aplazamiento de 14 días para cumplir con el protocolo de las autoridades de salud que establece entre 12 y 14 días el periodo de incubación del virus.
El tribunal acogió la solicitud y sugirió a todas las partes que se hagan la prueba del coronavirus, pero antes hizo la salvedad de que la salud es una responsabilidad personal y se debe respetar el distanciamiento establecido.
“Las partes no han respetado ese distanciamiento y el protocolo que ha impuesto el tribunal para este proceso”, dijo la magistrada Gisselle Méndez, presidenta del tribunal.
Los controversiales archivos
En esta semana, el magistrado Camacho continuó declarando a la prensa sobre los controversiales archivos definitivos que firmaron en septiembre de 2019 -durante las vacaciones de la entonces titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier- el exprocurador Jean Alain Rodríguez y Narciso José Escaño Martínez, procurador general de corte de apelación, que fungió como titular interino de la Pepca.
Representantes de Alianza Ciudadana depositaron el pasado martes ante la Pepca una solicitud para que se revisen los archivos definitivos otorgados a favor de Juan Temístocles Montás, Alfredo Pacheco, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máximo D’ Oleo, Ruddy González y Radhamés Segura, bajo el argumento de que las acciones que inicialmente se les imputaron por los US$92 millones en sobornos que admitió la empresa Odebrecht haber pagado en la República Dominicana “no constituyen una infracción penal”.
El pedido de Alianza Ciudadana abriría una brecha en el tema de los archivos definitivos para que sean conocidos por un tribunal, ante la imposibilidad del Ministerio Público de objetar sus propios autos y debido a la falta de querellantes en el expediente del caso Odebrecht que se conoce actualmente.
El director del Pepca explicó en esta semana que, para su impugnación de parte de particulares, se debe acudir a un tribunal de primera instancia y no a la Suprema Corte de Justicia ni al Tribunal Colegiado donde actualmente se conoce el caso. Esto debido a que la primera ya se desapoderó del expediente y la segunda está apoderada del juicio, y el archivo es tema de instrucción.
Camacho ha insistido en que los autos están bajo investigación debido a las irregularidades que –dice– ha encontrado en ellos, tales como el hecho de que no están numerados, no se notificaron a todos los beneficiados y, a los que sí, se hizo mediante firma en el documento y no por acto de alguacil. También alega incongruencia entre el contenido del archivo y el causal legal en que se justifica.
Del firmante Escaño Martínez, quien todavía forma parte del Ministerio Público, el magistrado informó que podría abrirse un proceso disciplinario en su contra y adelantó que se estudian opciones sobre cómo proceder en cuanto al exprocurador, así como ante el carácter irrevocable que pueden tener dichos archivos definitivos.