Venezolanos en Dominicana: arriesgarse por los papeles o vivir en el limbo
Las leyes dominicanas obligan a regresar a Venezuela para comenzar el trámite de regularización migratoria, pero la crisis económica y social que sume a ese país hacen que la decisión se convierta en un conflicto personal y familiar
SANTO DOMINGO. “Mi hija, que nació y creció bajo el gobierno
de Chávez y de Maduro, acostumbrada a unos supermercados con los anaqueles
vacíos, de repente entró al Jumbo y le dio como un shock. Empezó a ver una
sociedad de la abundancia que ella no conoció (...) y comenzó a gritar de
alegría”, relató un fotógrafo venezolano que migró hace más de un año a la
República Dominicana.
Como su situación migratoria
es irregular, pidió que su identidad fuera resguardada. Para este hombre de 60
años, fue precisamente su hija de 10 años la motivación principal para que un
31 de octubre de 2016 la familia tomara un avión y se marcharan de Venezuela a
comenzar desde cero.
“Los medicamentos no estaban
garantizados, entonces me puse a proyectar los efectos que eso podría tener a
corto plazo, en la medida en que se agudizara (la crisis), y comprendí que esa
no era una situación ideal para que una niña prosperara, floreciera, estudiara
y fuera feliz”, contó a Diario Libre un hombre delgado, vestido con una gorra,
jeans y camiseta gastados.
No solo el fotógrafo decidió irse de Venezuela por la
escasez de medicinas que afecta a la nación sudamericana. Hace seis meses una
pareja de educadores llegó a la República Dominicana ante la imposibilidad de
costear el tratamiento médico de su hijo. El niño sufría de un alto nivel de
plomo en la sangre y no tenían ingresos suficientes para costear las medicinas.
“Descubrimos que el niño tiene
plomo en la sangre (...) El medicamento mensualmente era 350,000 bolívares,
pero yo cobraba 250,000 (unos seis dólares), y el tratamiento era por tres
meses”, recordó la madre.
El fotógrafo, la pareja de
educadores y los miles de venezolanos que han llegado en los últimos cinco años
son las caras de la más reciente oleada migratoria desde Venezuela, que se
potenció ante la creciente escasez de alimentos y medicinas, el avance de la
delincuencia y la incertidumbre política que abrió la enfermedad y posterior
muerte del expresidente Hugo Chávez.
Los datos que
maneja la Asociación de la Diáspora Venezolana en República Dominicana dan
cuenta de que entre 19,800 y 25,000 venezolanos ya viven en el país. Ana
Rodríguez, representante del grupo, asegura que la mayoría tiene un estatus
migratorio irregular: entraron como turistas, pero se quedaron a vivir en
territorio dominicano.
Desde 1998 hasta el 2 de febrero de 2018 la Dirección General de Migración registraba que el país había otorgado residencia legal a 7,369 venezolanos (32.4 % de estas temporal y 23 % permanente). De este grupo, 45 fueron permisos de refugiado temporal.
Una pequeña porción
de quienes han llegado desde ese país -alrededor de 5,000 personas- son
dominicanos que emigraron a Venezuela en la década de los 80 y 90, se
nacionalizaron allá y ahora, en medio de la crisis económica que afecta a ese
país, regresan con hijos y hasta con nietos de origen venezolano. Ellos sí
cuentan con vías legales para resolver su situación.
En 2016 entraron 170,713 venezolanos
por los aeropuertos dominicanos y salieron 161,636. Al año siguiente llegaron
109,734 y se fueron 103,614, reporta la Dirección General de Migración.
Esa “gracia” busca
aprovechar un transexual de 24 años, de padre venezolano y madre dominicana,
que se prostituye desde hace un año en la avenida San Vicente de Paul, en Santo
Domingo Este. “No es fácil acostarse con alguien que a uno no le gusta, eso es
lo peor del mundo. Digo yo, uno lo hace nada más por la necesidad”, expresó.
Hace más de cuatro
décadas Venezuela se hizo atractiva para los dominicanos al necesitar a miles
de trabajadores para planes de desarrollo. Los criollos se asentaban
especialmente en la capital, Caracas, y en Margarita, San Fernando de Apure,
Maracaibo y Ciudad Bolívar.
Ese país también
acogía a una población emigrante desde países europeos, especialmente de
España, Italia, Portugal, y de naciones más cercanas como la vecina Colombia,
Ecuador, Perú, Chile y Uruguay, entre otros.
Ambos países comparten nexos históricos relevantes. El Padre de la Patria Dominicana, Juan Pablo Duarte Diez, se exilió en Venezuela donde murió en Caracas el 15 de julio de 1876.
Manuel Antonio Diez, quien nació en Caracas, de padre de El Seibo y madre de Santo Domingo, fue presidente provisional de Venezuela entre febrero de 1886 y octubre de 1886.
También está el fracasado atentado en contra de la vida del entonces presidente venezolano Rómulo Betancourt, el 24 de junio de 1960, del que se responsabilizó al dictador Rafael L. Trujillo y ocasionó sanciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) en contra del gobierno dominicano.
Más reciente, República Dominicana forma parte del programa de petróleo barato Petrocaribe, firmado en 2005 por el expresidente Leonel Fernández y mantenido luego por Danilo Medina, en el que también participan otros 17 países, más que todo caribeños. Venezuela envió 30,000 barriles diarios hasta 2016 a través de Petrocaribe. Un año antes el gobierno de Nicolás Maduro condonó 52 % de la deuda por US$4,123.8 millones que tenía la República Dominicana por los despachos preferenciales. El monto restante fue saldado.
¿Quiénes vienen?
Ana Rodríguez señala que a
partir de la segunda oleada migratoria de venezolanos a la República
Dominicana, en 2012, se comenzó a dibujar un perfil diferente del expatriado.
La situación política, la violencia y la creciente escasez en Venezuela
llevaron a personas de todas las clases sociales a mirar la migración como una
vía para resolver sus vidas. Agrega que los venezolanos que están llegando al
país son mayoritariamente jóvenes de 18 a 27 años, con educación universitaria
completa o que fue truncada por la migración.
“Hay muchas familias separadas
por la situación”, dijo la representante de la Asociación de la Diáspora
Venezolana en República Dominicana, quien explicó que, si se trata de una
pareja, muchas veces se adelanta uno para intentar conseguir un empleo. A veces
llegan con los niños de una vez o, según casos que conoce la entidad, los dejan
bajo el cuidado de abuelos u otros familiares en Venezuela hasta que los padres
logran estabilizarse aquí.
En el caso de la pareja de
educadores que migró hace seis meses, ella llegó primero con el hijo de ambos,
en un esfuerzo por darle lo más pronto posible el tratamiento para bajar el
plomo de su sangre. Recibió ayuda de una tía y de la congregación de una
iglesia: vivienda temporal y US$20 que le sirvieron para comprar insumos para
elaborar yogur y venderlo en las calles, acompañada de su pequeño.
“Mucha gente me compró
simplemente por saber que era venezolana y me sentaba a llorar porque decía:
guao, mis parientes venezolanos en otros países están siendo rechazados, están
siendo burlados, como es el caso de Panamá, y aquí la gente es tan bella”,
recordó la joven mujer con voz entrecortada y conteniendo las lágrimas.
Conoce más de su historia
aquí: De las aulas en Venezuela a vender
yogur en barrio dominicano.
En Venezuela, obtener un certificado de no antecedentes
penales apostillado, puede significar una carrera de obstáculos que alarga -a
veces por meses- un trámite que en otros países demora unos pocos días, o
incluso minutos. Hasta enero pasado la Cancillería dominicana exigía que ese
documento tuviera una fecha de expedición no mayor a tres meses, pero en
febrero comenzaron a aceptar certificados emitidos, como máximo, hasta un año
antes.
Y el otro gran dilema es la expedición de un pasaporte. La
Cancillería dominicana exige a los migrantes que al documento le queden al
menos seis meses de vigencia para aprobar la visa y más de 18 meses para la
tramitación de la residencia temporal dominicana.
El problema es que desde mediados de 2016 el Servicio de
Identificación, Migración y Extranjería, que es la autoridad venezolana que
emite los pasaportes, enfrenta una escasez de materiales para imprimirlos, lo que
ha ocasionado un tapón de casos. Una cita para obtener ese documento puede
demorar semanas si se pide en Venezuela, y meses si se hace desde el
extranjero, y luego la impresión del documento tarda más por la falta de los
materiales.
Aunque el gobierno venezolano ha ensayado mecanismos
alternativos, como una calcomanía con una prórroga que se pega en el pasaporte
vencido, tampoco se están cumpliendo los tiempos. En teoría, el sticker se
imprime en 48 horas, pero pueden pasar semanas hasta que eso realmente ocurra.
Por ello, la Asociación de la Diáspora Venezolana en RD ha
solicitado formalmente que se otorguen medidas especiales para que los
venezolanos con estatus migratorio irregular puedan lograr una residencia
legal. Rodríguez explicó que la propuesta se centra en dos opciones: otorgar
por la vía excepcional, conforme a lo indicado en el artículo 35, acápite 8 de
la Ley sobre Migración (285-04), la residencia temporal; o que el presidente
Danilo Medina decrete una visa humanitaria para los venezolanos.
La representante de la diáspora dice que se han reunido con
el Instituto Nacional de Migraciones, la Organización Internacional de
Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), a quienes han entregado la propuesta. No han podido acceder a más
altas autoridades, pero por la vía administrativa, en diciembre pasado,
depositaron el documento ante la Presidencia de la República, la oficina de la
Primera Dama, la Vicepresidencia, el Congreso Nacional, el Ministerio de Interior
y Policía y la Dirección General de Migración. Todavía no han obtenido
respuestas.
La Asociación propone, además, una ventanilla única en la
Dirección General de Migración para atender las miles de solicitudes que
esperan se generen en caso de que se autorice alguna medida especial, ello para
permitir que el proceso pueda iniciarse desde República Dominicana, sin tener
que regresar a Venezuela.
Para algunos la opción de ir a su país a tramitar los
papeles es peligrosa. “Ir a Venezuela es un riesgo de vida, es un riesgo de que
en el aeropuerto un funcionario, a discrecionalidad, mire tu pasaporte, te
busque en una lista negra que tienen, por una opinión que diste en las redes
sociales en algún momento, y te anule el pasaporte”, zanja el fotógrafo de 60
años que llegó al país en octubre de 2016.
El periodista José Rafael
Mata, quien llegó en enero de ese año junto a su esposa y su bebé de seis meses
de nacida, coincide con el fotógrafo. La pareja trabajaba en el diario Últimas
Noticias, que en 2013 fue vendido a personas afines al gobierno chavista,
operación que marcó el inicio de una etapa de fuertes presiones y censuras a
los periodistas que allí laboraban. Fue tal la coacción que varios renunciaron,
entre ellos José Rafael, mientras a otros los cancelaron.
“Si eres una persona como yo
que tiene un perfil crítico, que escribió reportajes (...) yo no puedo
arriesgarme a ir al país del que estoy huyendo para tramitar mis papeles
legales”, señala.
Y aunque con su caso podría
aplicar para un asilo, no se atreve a dar ese paso en República Dominicana.
Mata cree que el estrecho nexo entre los gobiernos de ambos países afectaría su
solicitud. “Cuando dos naciones tienen una estrecha relación bilateral o no hay
un conflicto, cuando le das un asilo a una persona crítica a tu gobierno,
entiendo que diplomáticamente das un mensaje”, afirma.
Conoce más de su historia
aquí: “Es difícil saber si los venezolanos
volveremos algún día a nuestro país”
Rodríguez también sospecha que la relación entre los
gobiernos de la República Dominicana y Venezuela podrían haber frenado la
posibilidad de medidas especiales para los sudamericanos en el país. Pero
advierte que “el hecho de que el presidente Danilo Medina haya aceptado ser
mediador en el diálogo significa que él confirma que hay una crisis humanitaria
en Venezuela y que, por ende, es que los venezolanos migrantes estamos aquí”.
“Cada vez que vienen, al
menos uno se llevan”
La ENI-2012 contó que en la
República Dominicana residían 458,233 haitianos, una nacionalidad que registra
una migración histórica hacia su vecino territorio y que fue la más beneficiada
del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros desarrollado por el Gobierno
desde 2014. De 249,950 personas inscritas en el programa, el 98 % es haitiano.
El Instituto Nacional de Migración, en su boletín estadístico 2016, indicó que
400 venezolanos se acogieron al plan, que fue una ventana que el gobierno abrió
para legalizar la situación de miles de extranjeros sin papeles en el país.
Entre los venezolanos que han
llegado en la reciente ola migratoria, hay quienes alegan que, a diferencia de
muchos haitianos que no contaban con documentos para el citado plan, ellos sí
los poseen. Y entre ellos se mantiene el temor de ser deportados por la
Dirección General de Migración al no contar con la residencia legal.
Solo en 500 metros lineales de
la comercialmente activa avenida Duarte pululan venezolanos vendiendo jugos. Se
les identifica por las cubetas transparentes donde conservan el líquido. Entre
la muchedumbre, estaba un joven que dejó sus estudios de Ingeniería Industrial
en Venezuela y emigró hace un año con su novia.
Al igual que sus compatriotas, cambia de sitio para evitar a
la Policía. Aunque tiene su pasaporte vigente, no ha hecho el proceso para
regularizar su residencia. “Tengo que traer unos papeles de Venezuela y traer
esos papeles es un lío allá, eso es dinero, eso es tiempo”, expresó.
En enero agentes de la
Dirección General de Migración lo detuvieron junto a su novia. “Nos montaron en
la camioneta y nos dieron una vuelta; llevaron a unos haitianos al autobús”,
narró. Cuando tenían casi dos horas moviéndose por la ciudad, les dieron “un
chance” y los dejaron ir sin pedirles dinero a cambio. “Cada vez que vienen, al
menos uno se llevan, a veces les piden plata: 3,000, 4,000, 5,000 pesos”.
Entre 2008 y el 14 de febrero
de 2018 las autoridades dominicanas deportaron a 207 venezolanos; el pico más
alto fue en 2017.
La Asociación de la Diáspora Venezolana estima que las
autoridades están deportando a unos 15 venezolanos al mes.
Diario Libre insistió en la
Dirección General de Migración y en el Ministerio de Interior y Policía para
conseguir una opinión oficial sobre los venezolanos en el país y su pedido de
un plan de regularización especial. Sin embargo, en Interior y Policía se le
atribuyó a Migración la facultad de hablar al respecto, pero en esta última su
titular rehusó dar la entrevista.
También se solicitó a la
Embajada de Venezuela conversar con el embajador Alí de Jesús Uzcategui y no se
obtuvo respuesta.
“Nosotros representamos un
impacto social grande, no puedes vivir de manera racional con una comunidad que
prácticamente está en un limbo”, advierte el fotógrafo inmigrante. “Tengo un
sobrino en Chile que se fue meses después que nosotros y ya tiene su visa de
trabajo”.