Muertos que no se lloran
Nadie los lloró. Nadie les llevó flores a la tumba. Nadie les deseó el típico “descansen en paz”. Nadie. Como ningún doliente reclamó sus cuerpos, le tocó al Estado hacerse cargo y gastar hasta más de RD$50,000 en cada uno, porque eran cadáveres que había que preparar y sepultar, como a todos,
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computadora.
SANTO DOMINGO. En una mesa de
acero inoxidable había un cuerpo rígido que fue llevado anteriormente sin vida
al Hospital Dr. Darío Contreras, tras ser encontrado con politraumatismo en la
vía pública. Estaba embalado y etiquetado, como si se quisiese proteger a una
maleta que se enviaría a un viaje lejano que partiría ese 5 de enero del
presente año. Era de los cadáveres conservados de esa forma desde 2016 como
parte de una fase piloto del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Sexo: masculino; identidad: desconocida; nacionalidad:
desconocida; edad: entre 14-19 años. Su identificación era A-1119-2017,
correspondiente al código de la autopsia que le practicó personal del Inacif en
la unidad del Instituto en el Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana.
Luis Reyes, un técnico de
autopsia, fue parte del equipo que trabajó durante dos horas en prepararlo con
una fría normalidad. Si fuese un niño, apelaría a sus sentimientos, o alguien
conocido, como la vez que le impactó el darse cuenta de que un cadáver era el
de un vecino.
—No es tedioso, esto es normal
—decía mientras tocaba el cuerpo embalado.
—Usted toca el cadáver como si
nada.
—Sí, porque el técnico es el
que cose el cadáver, abre la cabeza (...). Hay que cambiarlo de funda, echarles
cal a los órganos para que el cadáver no filtre, no emane líquido del cuerpo.
Luego se pone en bolsas nuevas y se procede al embalaje.
—¿Se ha imaginado que un día usted pudiera ser el
cadáver?
—Sí, por eso el trabajar aquí te hace más ser
humano, porque tienes que aprender a valorar más la vida porque si no, vas a
terminar en una mesa de estas
Fue en la primera quincena de diciembre de 2017 cuando
llevaron a A-1119-2017 a la unidad del Inacif del cementerio Cristo Redentor,
adonde remiten los cuerpos encontrados en el Gran Santo Domingo en estado de
descomposición y otros frescos no reclamados.
Ya no podían retenerlo en la
morgue. Tenían 21 cadáveres en espera de identificación y reclamo, y la
capacidad es de entre 10 u 11. La podredumbre y los desechos de los cuerpos (vísceras,
ropa...) contaminaban el área y emanaban un fuerte hedor.
—¿Qué hacen con los desechos?
—se le preguntó a Sonia Lebrón, una antropóloga forense encargada de la unidad.
—Valoramos qué podemos hacer
con ellos, si seguimos reteniéndolos o se mandan a inhumar.
—¿Para qué los retienen?
—Acuérdate que estos son casos
legales.
—¿Como pruebas?
—Podría ser.
Si la central de la Policía Nacional, el Sistema de
Emergencias 9-1-1 o un destacamento reciben la alerta del hallazgo de un
cadáver, se comunica el suceso a las autoridades competentes, entre estas del
Inacif. El equipo se traslada al lugar a levantar el cuerpo. Dependiendo de lo
que decida el Ministerio Público y las posibles causas de la muerte, se pueden
conducir los restos a una unidad del Inacif o de Patología (que trata casos
clínicos).
La Ley 136 del año 1980
establece que es obligatorio la práctica de la autopsia judicial en la
instrucción de todo caso de muerte cuando existan indicios o sospechas de que
fue provocada por medios criminales, de violencia criminal, que haya sido
repentina y la persona disfrutaba de aparente buena salud, si el fallecido
estaba en prisión, si proviene de un aborto o parto prematuro o si hubo un
suicidio o sospecha de tal.
Las autopsias empezaron a hacerse oficialmente para
finales de la década de 1980, cuando se creó el Instituto de Patología Forense.
A principio de los 90 se comenzó a dar seguimiento a los cadáveres no
reclamados.
Una vez que el cuerpo está en
el Inacif, se espera un tiempo protocolar (15 a 30 días) para que alguien lo
identifique y reclame; si es de un extranjero, por alguna embajada, si no
aparece un familiar. Se han dado casos en los que se ha esperado más, como
cuando se conservó por meses el cadáver de un venezolano mientras se hacían las
gestiones para repatriarlo.
Es en esa fase de espera que
para muchos muertos no aparecen dolientes o no hay forma de identificarlos, ya
sea por el estado avanzado de putrefacción o por la falta de documentos. Se
convierten en una carga para el Estado que asume una logística que incluye los
gastos de la autopsia, conservación, impuesto municipal en el cementerio y la
inhumación, que pueden superar los RD$50,000, conforme calcula el director
general del Inacif, Francisco Gerdo.
En 2017 el Inacif reporta el levantamiento en todo el país de
6,611 cadáveres, 2,844 autopsias y 146 cuerpos no reclamados. Estos últimos le
significaron al Estado un gasto estimado de entre RD$5 millones y RD$7.3
millones. En ese año el monto asignado en el Presupuesto público para servicios
periciales e investigación forense fue de RD$154,791,988.
Lucy Alcántara, coordinadora de la subdirección de
Medicina Forense del Inacif, estima que desde 2015 han sido más de 100 los
cuerpos no reclamados cada año.
De todos no se sabe la
nacionalidad ni su identidad, pero por las características los forenses han
determinado algo: muchos son haitianos.
“Aquí tenemos a muchos
haitianos y los casos de los haitianos que fallecen aquí muy pocos son
reclamados y diría que por una condición de recursos”, dijo Gerdo. “Esas
personas no se presentan en la institución a reclamarlos; a lo mejor no tienen
los recursos para repatriarlos a Haití, o a lo mejor no les interesa invertir
ese dinero en eso”.
También hay otra variable.
“Puedes tener otro caso, que
pueden ser indigentes, pueden ser personas de cualquier situación que no han
podido ser identificadas”, observó Gerdo.
Pero a veces esos cuerpos
tienen parientes desinteresados y no hay mecanismos para obligarlos a
responsabilizarse.
“Tenemos un niño todavía ahí,
no te puedo decir cuál niño, que todavía los padres no asumen llevárselo, y
hasta está identificado desde que llegó a la morgue. Ellos saben que es su
hijo, pero no se lo llevan”, informó Miguel Núñez. Él es director de la unidad
de patología forense del Inacif en el Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, a
donde se llevan los cuerpos frescos del Gran Santo Domingo (3.5 millones de
habitantes).
Un entierro sin llanto
En la unidad del Cristo
Redentor esperaron el tiempo reglamentario para que alguien reclamara a
A-1119-17, pero nunca ocurrió.
Decidieron que era necesario
sepultarlo y también el cuerpo de una mujer de 80 años, de nombre identificado,
indocumentada y sin familiares, que fue llevada al hospital sin signos vitales
y declarada fallecida el pasado 9 de diciembre. Su muerte fue natural.
Además, el de un masculino
desconocido, de 30-40 años, hallado con politraumatismo a un lado de la
Autopista Duarte, a la altura de La Cumbre, en Villa Altagracia. Fue levantado
el 12 de diciembre. Estaba en estado avanzado de descomposición y las versiones
recogidas en el lugar coincidían con que fue impactado por un vehículo de
motor.
También había que sepultar dos
extremidades (una pierna y un pie) que encontraron lugareños en septiembre en
fundas plásticas, por separado, en la avenida Mirador del Este, de la provincia
Santo Domingo, y en un basurero frente al cementerio Los Cazabes.
El personal de la unidad
volvería justamente allá, al cementerio municipal Los Cazabes, en Santo Domingo
Norte, a donde tres semanas antes sepultaron otros 13 cuerpos que nadie
reclamó. Para ese grupo se dio más de un viaje para transportarlos a todos.
Esa mañana de invierno del 5 de enero, con el cielo gris
y una temperatura refrescada por los remanentes del frío polar que afectaba por
esa fecha, una furgoneta del Inacif salió del cementerio Cristo Redentor, en el
Distrito Nacional, y dejó atrás el camposanto donde están sepultados el
expresidente Joaquín Balaguer y el líder perredeísta José Francisco Peña Gómez.
Pasados 20 minutos de
recorrido, comenzó a heder. Todo indicaba que ya se estaba cerca del vertedero
de Duquesa. Es en la periferia de ese basurero donde está el cementerio Los
Cazabes, que comprende un terreno de 58,000 m² en el que, además de recibir
sepulturas ordinarias, se usa desde la década de 1990 para inhumar los
cadáveres no reclamados en Patología y en el Inacif de todo el Gran Santo
Domingo. El año pasado enterraron a 81.
A la forense Lebrón le resultó
complicado encontrar espacio en el camposanto que ya casi agota su capacidad.
Las tumbas en tierra están tan cercanas una de la otra que se corre el riesgo
de excavar donde hubo una inhumación. Pero no hay alternativa, los demás
cementerios públicos de la demarcación también están a tope.
La furgoneta se estacionó y el
personal bajó cuatro ataúdes: uno con A-1119-2017, un par con los otros dos
cuerpos y otro con las extremidades.
Como la noche anterior había
llovido, a los sepultureros les fue más engorroso excavar los hoyos pues la
tierra estaba húmeda. Hasta hicieron uno de más.
Uno por uno colocaron los
ataúdes cerca de las fosas correspondientes y, con cuidado, los fueron bajando
con la ayuda de cuerdas. Era un esfuerzo técnico, mecánico.
De repente aparece “un
extraño” en la escena. Era un hombre que vive al lado del cementerio y que
decidió acercarse para observar la inhumación. Su interés era ver que lo
hicieran correctamente porque –dijo– a su casa “a veces llegan unos malos vajos
(sic)”. El personal del Inacif le pidió que se pusiera a un lado. Lo hizo y se
quedó mirando.
Sin unas palabras de
despedida, la tierra se fue echando sobre cada ataúd mientras observaban el
vecino preocupado, empleados del cementerio, el equipo de Diario Libre y unos
cuantos mirones que también viven en los alrededores.
Nadie los lloró. Nadie les
llevó flores. Nadie les deseó el típico “descansen en paz”. Nadie.
Las viejas fosas comunes
En sus otras cuatro regionales
el Inacif utiliza cementerios de la jurisdicción o de donde fue levantado el
cuerpo. Para la del norte -donde está la otra morgue para cuerpos
descompuestos- se usan espacios disponibles del cementerio Cristo Vivo (El
Ingenio) de Santiago.
En las del nordeste (San
Francisco de Macorís), sur (Azua) y este (San Pedro de Macorís), la logística
cambia y puede ser simplificada por razones de disponibilidad técnica. En esas
demarcaciones se hicieron cargo de 30 cadáveres el año pasado.
A diferencia de Los Cazabes,
donde las tumbas son individuales, en Santiago la inhumación de los no
reclamados es rústica. Allí se les llaman hoyos pues más bien son fosas comunes
donde sepultan a varios cadáveres en un solo hueco, para ahorrar espacio,
generalmente sin alguna señalización. En sus registros el Inacif contaba seis
hoyos para principios de 2018 que localiza por coordenadas. El año pasado
enterraron a 32.
“Ahí hay muchos muertos”, dijo
un sepulturero de El Ingenio mientras señalaba un montículo de tierra que fue
removida recientemente. “Ellos me avisan, tal día vienen con ellos, y les hago
los hoyos, los hago bien hondos”.
Como esta regional no aplica
el programa piloto de embalado, los cuerpos se depositan en fundas mortuorias.
Un día en que había una
inhumación, dos hombres levantaban una funda mortuoria por sus cuatro esquinas.
En el plástico blanco del que está hecho la bolsa se destacaban unas letras
grandes de color negro que codificaban al cadáver que inhumaban: A-576-17.
